El día seis de mayo, poco antes de las once de la mañana, la agencia EFE distribuía entre sus abonados la noticia de que la sección de Medio Ambiente de la fiscalía de Santa Cruz de Tenerife "ha denunciado al Gobierno de Canarias, al Cabildo de La Gomera y al Ayuntamiento de Valle Gran Rey porque hay un supuesto gran riesgo de contaminación de los acuíferos por obras que se realizan en el término municipal de Arure." A las pocas horas aparecía en los medios digitales, en concreto en gomeraverde.com, una nota del Cabildo de la isla en la que se dice: "El Cabildo de La Gomera aseguró hoy que paralizó las obras ilegales que en su momento inició en Arure la Consejería de Agricultura del Gobierno canario y el equipo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. En un comunicado, la institución insular afirma que coincide con los actuales responsables de la corporación municipal al señalar que la tónica general del anterior ejecutivo local era actuar de espaldas al resto de las administraciones locales y sin las correspondientes autorizaciones. Mantiene que así ha sucedido con varias actuaciones y pone como ejemplo lo que pasó primero con la embotelladora de Arure y después con la granja de recuperación y mejora del cochino negro, que también se pretendió instalar en la zona con acuerdo de la Consejería regional de Agricultura. " ¡No se cortan un pelo! Mienten con la misma desfachatez que el presidente de la comunidad Valenciana cuando afirma que el paga sus carísimos trajes y con el mismo cinismo de Esperanza Aguirre que se quejó de que su sueldo no le permite llegar a fin de mes.

En primer lugar el cabildo no paralizó nada, por el contrario el cabildo ha sido denunciado por amparar, y en algunos casos financiar -caso de la embotelladora de Taguluche- las obras que ahora califica de ilegales. Fue la denuncia de los vecinos, en concreto de la represente de los afectados por la embotelladora, Angeles Rodríguez Mora, la que obligó, previa intervención del SEPRONA, a paralizar el pozo filtrante que se estaba construyendo sobre el naciente de La Azucena. El ayuntamiento de Valle Gran Rey, con el silencio cómplice del Cabildo, administración competente en los temas hidraúlicos, quería que fuera el final de la red de saneamiento de Arure: un simple depósito para depositar y mandar al subsuelo todas las aguas fecales sin depurar. Tampoco había detectado el cabildo que la actual red, como dice la fiscal, se encuentra, desde hace muchos años en un estado deplorable y que sigue vertiendo sus malolientes aguas al barranco. El cabildo ni tan siquiera detectó las denuncias de los afectados ni de la asociaciones ecologistas que tuvieron que recurrir a la fiscalía y denunciar los hechos.

En segundo lugar es mentira, y una evidente muestra de cinismo, decir "que se han mantenido reuniones con los vecinos, recogido firmas e instado a los representantes regionales a que se anule el proyecto, que no ha tenido en cuenta la proximidad de un núcleo urbano o el monumento natural Lomo del Carretón, ni el riesgo para los acuíferos." Lo cierto es que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento se han negado sistemáticamente a informar, recibir o contestar; no solo a los vecinos afectados, tampoco lo ha hecho a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y, en el caso concreto del ayuntamiento de Valle Gran Rey tampoco, como se puede leer en la denuncia, a la fiscal.

Los hechos relatados por la fiscal se denunciaron públicamente y simultáneamente al SEPRONA, a la fiscalía, al cabildo, al ayuntamiento y al resto de las instituciones implicadas a principios de verano del año pasado. En el tiempo transcurrido el cabildo se ha negado a dar información, ha puesto trabas a los denunciantes y ha despreciado a los ciudadanos y asociaciones que han denunciado estos hechos. Solamente se conocen dos notas- las dos recientes- de la institución oficial que hagan referencia al tema. En la primera se limitaban a decir que todas sus obras cumplían con la legalidad y estaban orientadas a proteger el medio natural y la salud y el confort de los gomeros. De las ilegales, ahora detectadas por los responsables del Cabildo, no incluía ni una sola palabra.

La segunda es un ejemplo de cinismo y demagogia. Siguen los socialistas de La Gomera sin dar una explicación convincente; lo único que se les ocurre es echar la culpa a CC olvidándose de los muchos años que los socialistas llevan controlando la Isla y, lo es peor, gobernando con sus mismos principios éticos, haciendo las mismas obras y obteniendo los mismos resultados. Tienen la caradura de recordar el episodio de la embotelladora de Taguluche, olvidando que no solo financiaron el disparatada e ilegal proyecto, sino que lo defendieron a capa y espada y ningunearon a los ciudadanos que acudimos a la mayor manifestación ocurrida en San Sebastián en toda su historia y a la que no asistieron los socialistas porque se protestaba por la construcción de la ilegal embotelladora. Por supuesto que el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, no se dignó a dedicar un minuto de su tiempo a los manifestantes, como tampoco había querido dialogar con los vecinos y las asociaciones denunciantes.

Ignoro quién es el autor material de tan cínico y falso comunicado, pero sus inspiradores demuestran que para ellos todo vale en política. Una actividad que solo les sirve para perpetuarse en las instituciones y demuestra con hechos que no actúan ni gobiernan conforme a una ideología o a unos principios éticos. Estos comunicados demuestran la podredumbre política de los dirigentes socialistas gomeros y su falta de respeto a la verdad y a los ciudadanos. Es evidente que están satisfechos con los resultados de sus métodos caciquiles y con sus redes clientelares, dos métodos que les han asegurado, hasta hoy, los votos suficientes para seguir disfrutando de las prebendas del poder a costa del bienestar y la salud de muchos gomeros.