El Centro Canario Nacionalista (CCN) de San Sebastián de La Gomera ha anunciado hoy que llevará a la fiscalía al alcalde de la localidad, Ángel Luis Castilla, por su negativa de entregar varios expedientes, solicitados en sesiones plenarias, por presuntos casos en una trama de corrupción. El grupo del CCN en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera denuncia públicamente la falta de transparencia del alcalde, el socialista Ángel Luis Castilla, al no entregar los expedientes urbanísticos y de festejos pedidos por los nacionalistas en las sesiones plenarias del mes de noviembre y enero pasados, en las que se solicitó que se exhibiese el expediente administrativo de una vivienda promovido por la esposa del primer edil.
Los centristas recuerdan que ese expediente ha originado lo que "hoy es su propia vivienda, por concesión de licencia de obra, primera ocupación y cédula de habitabilidad, es decir, la edificación de un chalet en suelo rústico y potencialmente dedicado a la explotación agrícola. Todo ello fue pedido para argumentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción".
En la misma fecha y sesión, también se solicitó el expediente relativo a la licencia de obra, certificación de primera ocupación y cédula de habitabilidad del edificio Don Pedro, sito en la calle Tanquito de esta localidad, así como licencia de excavación por la ejecución de los garajes en el subsuelo público, de titularidad municipal. "Asimismo se solicitaron copias de los informes técnicos obrantes en dichos expedientes dado que las obras indicadas ocupan, todavía a día de hoy, el subsuelo público".
Los nacionalistas del CCN a su vez denuncian que tampoco se les ha entregado el expediente solicitado sobre la contratación de la empresa familiar del hermano por el alquiler de sillas y carpas durante las pasadas fiestas lustrales, "así como el certificado de intervención de los pagos realizados a dicha empresa familiar, estando este hermano contratado por la institución municipal".
Asimismo también se pidió el expediente en el que se concede la explotación del bar situado en la cancha de San Cristóbal, en la Lomada, a los familiares de un empleado contratado por el ayuntamiento y a disposición del concejal de Cultura, Santiago Arzola, sin el procedimiento legal de una concesión administrativa, mediante concurso público para la libre concurrencia de cualquier ciudadano a optar a dicha explotación.
Los ediles del CCN Domingo Curbelo y Víctor Herrera manifiestan que, pese a haberse personado en el Ayuntamiento ante el secretario accidental en varias ocasiones y hoy ante la secretaria habilitada, no se les ha facilitado la documentación exigida ni se les ha dado respuesta alguna de cuándo se podrían consultar, por lo que están obligados a remitir a los tribunales los presuntos delitos sin la documentación de los expedientes correspondientes para que sean ellos quienes las soliciten y actúen en consecuencia, puesto que ha pasado más de un mes de dicha solicitud.
Ambos señalan que "como concejales de la corporación tenemos el derecho a disponer de los expedientes referenciados y la obligación de ejercer el control y fiscalización política sobre la gestión municipal, "y en el caso presente ponerlo en manos de la fiscalía correspondiente ya que es el propio alcalde parte interesada en el expediente del mentado chalet, y debería saber que está en la obligación de inhibirse en la negativa, pero aún se confía en los tribunales de justicia de Canarias y se espera seguir confiando".
El grupo del CCN le recuerda a Castilla que la transparencia de la gestión política es de buena salud democrática, "cosa de lo que adolece y a lo que nos tiene acostumbrados, siendo esto típico de las épocas más rancias de nuestro pasado, y es éste el modelo de administración municipal del grupo del PSOE".
"La prepotencia, la arrogancia, la desfachatez y la ocultación como forma de hacer política han sido el problema del Partido Socialista durante los treinta años de gobierno. El ayuntamiento parece un cortijo socialista para intereses personales y familiares del alcalde, Ángel Luis Castilla (chalet-vivienda en suelo rústico y contratación a familiares), por lo que se le exige que cumpla con la ley y que la misma se aplique a todos los ciudadanos por igual".
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