Valle Gran Rey (La Gomera). El alcalde de Valle Gran Rey , Esteban Bethencourt Gámez (CC), será juzgado el próximo 31 de marzo por un delito de malversación de caudales públicos supuestamente cometido mediante el cobro ilegal de dietas y gastos, según acordó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal solicita que Bethencourt sea condenado a 5 años de prisión y nueve de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por unos hechos cometidos en 1999 cuando el alcalde de Valle Gran Rey alternó este cargo municipal con el de diputado regional.

Según un auto del TSJC, en el que señala los hechos justiciables que serán sometidos a un jurado, cuando era parlamentario canario Bethencourt desempeñó el cargo de alcalde sin acogerse a la modalidad de dedicación exclusiva, por lo que no podía percibir retribución o sueldo del Ayuntamiento, salvo las cantidades correspondientes por asistencia a las reuniones del gobierno municipal.

Con "la intención de obtener un lucro patrimonial para sí", afirma el auto, Bethencourt cobró del Ayuntamiento gomero en concepto de dietas y gastos de desplazamiento la cantidad de 38.638,59 euros (cerca de 6,5 millones de pesetas), "sin que en ningún caso justificase la razón, necesidad o utilidad del desplazamiento efectuados".

Según los hechos a juzgar fijados por el TSJC, al acusado "le fueron abonados un total de 338 días al 100% de la dieta por gastos de manutención", lo que ascendió a la cantidad de 30.471,31 euros (5.070.000 pts) "cuando en todo caso debieron ser 179 días al 100% de la dieta y 64 días al 50 % de la dieta, debiendo haber ascendido a 19.022,03 euros (3.165.000 pts)".

Además, en su condición de diputado regional Esteban Bethencourt cobró en concepto de asistencias y dietas "un total de 1.120.000 pesetas, no obstante haber percibido del Ayuntamiento de Valle Gran Rey las cantidades que le correspondían por desplazamientos en los días que había asistido al Parlamento de Canarias en aquella condición".

Coincidiendo con el fiscal, la acusación particular considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, pero pide una pena mayor para Esteban Bethencourt Gámez al considerarlos de especial gravedad debido "a la situación económica del Ayuntamiento de Valle Gran Rey".

Tras observar que el dinero que en 1999 se destinó a gastos corrientes de personal fue el 65% del total del presupuesto anual, la acusación particular añade que el presupuesto del Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el apartado de Atenciones Benéficas y Asistenciales era de 10.496.408 pesetas, mientras que en ese periodo el alcalde cobró 8.383.275 pesetas.

Por ello mantiene que "el reproche penal debe ser mayor, atendiendo a la gravedad de la cantidad sustraída en relación al presupuesto".