La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha decidido echarle un pulso a la Justicia con la reanudación de las obras del controvertido futuro puerto industrial de Granadilla. Sin embargo, los trabajos que algunos operarios iniciaron el jueves y que continuaron ayer volverán a detenerse, presumiblemente, la próxima semana.

El motivo, una providencia dictada el mismo jueves por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por la que mantiene la suspensión cautelar de las obras de la futura instalación y abre un plazo de diez días para estudiar si plantea un recurso de inconstitucionalidad sobre el nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas.

La providencia está vinculada directamente con el procedimiento abierto a raíz de que la organización ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción interpusiera una demanda contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de 2 de febrero de 2009, por la que se excluía del citado catálogo de especies a la población de Cymodocea nodosa (seba) que va desde la punta de los Tarajales en dirección sureste hasta Granadilla de Abona.

Según explica a este periódico el abogado de Ben Magec, Pedro Fernández Arcila, “entendemos que el catálogo es anticonstitucionalidad porque hay un exceso competencial en relación con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y de biodiversidad”.

Según afirman desde Ben Magec, la Autoridad Portuaria no precisó en su solicitud al TSJC para la reanudación de las obras del puerto, que la Ley 4/2010 establece un régimen de protección sobre las nuevas categorías “interés para los ecosistemas canarios”, en la que se incluye la seba, y de “protección especial” que contraviene el régimen básico de protección para las especies catalogadas contemplado en la Ley 47/2010 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “lo que determinará la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la norma autonómica por violentar el sistema de distribución de competencias”, arguyen los ecologistas.

Por todo ello, el TSJC acordó dar traslado a las partes demandadas -la Comunidad Autónoma, la Autoridad Portuaria, la compañía transportista de gas, la Unión Eléctrica de Canarias y el Polígono Industrial de Granadilla- y al Ministerio Fiscal, para que, en el plazo de diez días, presenten alegaciones “sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de ésta”.

Paralelamente a este proceso, la organización ecologista presentó la semana pasada en la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid sendas denuncias por presunta prevaricación y delito medioambiental contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo autonómico, Domingo Berriel; así como contra la Milagros Luis Brito, ex viceconsejera de Medio Ambiente y ahora consejera de Educación; también contra los dos últimos presidentes de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor y Pedro Rodríguez Zaragoza, respectivamente, y varios miembros del Ministerio de Medio Ambiente. De igual modo, Ben Magec también presentó en el TSJC una denuncia por la vía de los hechos contra la Autoridad Portuaria, “por haber adjudicado y contratado las obras de Granadilla sin que estuvieran aprobadas por Fomento, como establece la Ley de Puertos”, argumenta Fernández Arcila.